Bogotá, junio de 2025 – El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que convoca una consulta popular nacional, con el objetivo de que los ciudadanos decidan directamente sobre temas trascendentales como la reforma laboral y del sistema de salud. Lejos de ser una maniobra inconstitucional, la decisión del mandatario se enmarca en el respeto y fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana consagrados en la Constitución de 1991.
La propuesta de consulta incluye preguntas sobre:
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La reducción de la jornada laboral a máximo 8 horas diarias.
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El pago del 100 % de recargo por trabajo dominical y festivo.
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Apoyo a pequeñas y medianas empresas asociativas.
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Permisos por salud, licencias menstruales, y garantías de inclusión laboral para personas con discapacidad.
Según el presidente Petro, la consulta no busca reemplazar el papel del Congreso, sino habilitar a la ciudadanía para que tome decisiones clave cuando los canales institucionales se ven bloqueados. El decreto fue emitido luego de que el Senado no emitiera un concepto formal sobre la viabilidad de la consulta dentro del plazo legal de 30 días, tal como lo establece la Ley 1757 de 2015. Aunque el Senado votó mayoritariamente por archivar la propuesta, el Gobierno argumenta que dicho procedimiento no cumplió con los requisitos formales, lo que habilita al Ejecutivo a convocar la consulta directamente.
El presidente aclaró que si el Congreso decide aprobar las reformas planteadas antes de que se lleve a cabo la votación ciudadana, el decreto será derogado y no se realizará la consulta. Esta decisión pone el acento en la voluntad de diálogo institucional, sin renunciar al derecho que tiene el pueblo a participar en las decisiones que lo afectan.
Juristas, expertos constitucionalistas y organismos civiles coinciden en que la acción del Gobierno no vulnera el orden jurídico. Todo lo contrario: fortalece los principios democráticos al acudir a herramientas contempladas en la Constitución, como lo son el referendo, la consulta y la iniciativa legislativa popular.
La Corte Constitucional será la encargada de revisar la constitucionalidad del decreto firmado, y su fallo será clave para definir los pasos siguientes. En caso de que se dé luz verde al proceso, se avanzará hacia la definición de una fecha para que los colombianos participen en esta consulta histórica.
Este es un momento clave para el país, en el que se pone a prueba no solo la solidez de sus instituciones, sino también el compromiso con una democracia participativa que trasciende las élites políticas y da voz a millones de ciudadanos.
Redacción: Daniel Ordoñez
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