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Avance en Restitución de Tierras para Comunidades Indígenas

Regional || La Unidad de Restitución de Tierras logra la admisión de demandas para la restitución de territorios

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) de Colombia anunció que ha logrado un importante avance en la lucha por los derechos territoriales de las comunidades indígenas Sikuani y Piapoco. Tras un extenso proceso de recolección de información y concertación, los jueces han admitido las demandas de restitución de tierras en favor del Resguardo Indígena de Alto Únuma y del territorio colectivo de Iwiwi y Alto Patenae, ubicados en los departamentos de Vichada y Meta.
Este logro, explica la URT, es el resultado de un trabajo que comenzó en 2019, cuando el equipo interdisciplinario de la Dirección Territorial Meta de la URT inició la recolección de datos sobre afectaciones territoriales en la zona. El proceso enfrentó numerosos obstáculos, incluyendo una delicada situación de orden público que llevó a suspensiones provisionales del caso en varias ocasiones.
Las demandas, presentadas el 25 de octubre de 2023, buscan subsanr afectaciones territoriales en los territorios indígenas del Resguardo Alto Únuma, que abarca los municipios de Cumaribo (Vichada) y Puerto Gaitán (Meta), comprende 700.084 hectáreas y una población de 1.464 familias, aproximadamente 5.113 personas de los pueblos sikuani y piapoco. Por su parte, el territorio colectivo de Iwiwi y Alto Patenae, ubicado en los mismos municipios, abarca 26.617 hectáreas y tiene 100 familias del pueblo sikuani, alrededor de 425 personas.
Acxan Duque Gámez, director de Asuntos Étnicos de la URT, destacó la importancia de estas acciones: «Representan un avance significativo en la restitución de los derechos territoriales de los pueblos sikuani y piapoco. Reafirman el compromiso del Estado colombiano con la reparación y justicia para las comunidades ancestrales afectadas por el conflicto armado».
Duque Gámez también enfatizó la necesidad de continuar apoyando a estas comunidades, que enfrentan desafíos como el desplazamiento forzado y las amenazas. «Es esencial fortalecer el apoyo a políticas públicas que garanticen sus derechos fundamentales y promuevan el perdón, la reparación y la sanación», afirmó.
Por:Periódico El Morichal

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